El sábado, las autoridades de Venezuela realizaron una de las incautaciones de explosivos más grandes de la historia reciente de Venezuela en Maturín, ciudad del oriente del país. El pasado 9 de agosto, las fuerzas de seguridad venezolanas, bajo la coordinación del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, descubrieron más de 54.000 cargas huecas, acompañadas de cordones detonantes y equipos para activación remota.

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Lo que inicialmente parecía un alijo de material para la industria petrolera rápidamente adquirió tintes de amenaza terrorista: las cargas, según evidencia técnica y documental recopilada por la plataforma investigativa La Tabla son idénticas a las utilizadas por el Estado Islámico (ISIS) en Siria entre 2014 y 2017.

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El fabricante, según los logotipos visibles en los empaques, es Explosivos Tecnológicos Argentinos, S.A. (ETASA), una empresa argentina especializada en explosivos industriales para perforación de pozos petroleros. Aunque ETASA afirma que sus productos están destinados exclusivamente a fines civiles, el hallazgo en Venezuela —al igual que el registrado en Siria— revela una alarmante vulnerabilidad: el doble uso de tecnologías industriales en conflictos armados.

Las cargas incautadas pertenecen al modelo TCP HDX de 4 pulgadas, diseñadas con cavidades cónicas que, al detonar, generan un chorro hipersónico de metal fundido capaz de perforar acero. Este efecto, conocido como efecto Munroe, es ideal para perforar pozos de petróleo.

Sin embargo, este potencial también le permite atravesar blindajes de vehículos militares. En Siria, el ISIS capturó cargas similares de yacimientos petroleros y las adaptó como ojivas antitanque en cohetes artesanales. En Venezuela, según demostró Cabello en rueda de prensa, los detonadores incautados podían activarse mediante teléfonos móviles, una técnica común en ataques terroristas.

¿Para qué se quería este arsenal?

El volumen del decomiso es desproporcionado para cualquier uso industrial en Venezuela. Un estudio del geólogo argentino Ricardo Lupo indica que 54.000 unidades equivalen al consumo de cinco años en Vaca Muerta, uno de los yacimientos no convencionales más grandes del mundo.

Las autoridades venezolanas vinculan el hallazgo con dos operaciones desarticuladas recientemente:

1. El frustrado atentado en Plaza Venezuela (Caracas), programado para el 23 de junio, que buscaba detonar 3 kilos de TNT cerca del Monumento a la Victoria.
2. Una red logística insurgente en el oriente del país, dedicada a planificar sabotajes contra infraestructura crítica: energía, transporte y comunicaciones.

Hasta la fecha, 16 personas han sido detenidas mientras se buscan otras 12 por su participación en ambas operaciones, incluyendo civiles venezolanos, un miembro del Cartel de La Guajira (Colombia) y presuntos intermediarios con vínculos transnacionales. El Gobierno acusa directamente a la opositora María Corina Machado y al Gobierno de Estados Unidos de orquestar una “alianza criminal” con narcotraficantes y mafias europeas.

El caso venezolano no es aislado. En 2017, cargas de ETASA exportadas legalmente a una empresa petrolera siria fueron capturadas por el ISIS tras el colapso del Estado en zonas productoras. Lo mismo ocurrió en Libia y Yemen, donde materiales industriales fueron reconvertidos en armas asimétricas.

Argentina, por su parte, mantiene que sus exportaciones cumplen con todos los protocolos internacionales. Sin embargo, no existe un sistema global de trazabilidad efectivo para materiales de doble uso, lo que facilita su desvío. Organismos como la ONU han advertido desde 2020 sobre el riesgo de que explosivos industriales alimenten conflictos no convencionales.

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